El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, es mediador entre el gobierno y la Asamble Popular del Pueblo de Juchitan
Hiram MORENO
Juchitán, Oax. Agosto 6 de 2013.- Ante la ausencia de funcionarios de primer nivel en la primera mesa de dialogo del gobierno del estado, derechos humanos e integrantes de la asamblea popular de pueblos juchitecos (APPJ), lo único que se logró con la intervención del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra como mediador, fue el acuerdo a medias de que se dará un segundo encuentro entre funcionarios del gobierno federal, del gobierno del estado, municipal con simpatizantes y representantes de movimientos antoeolicos en la región del Istmo para el próximo martes 13 de agosto en un punto intermedio que es Tehuantepec.
Raymundo Regalado, vocero de la APPJ dijo que era una burla que solo acudieran al encuentro funcionarios de tercer nivel de la secretaria general de gobierno (SEGEGO), la secretaria de la reforma agraria, la secretaria de asuntos indígenas y de la procuraduría general de justicia, cuando habían anunciado que acudiría a la reunión el titular de la SEGEGO, Alfonso Gómez Sandoval y los demás titulares de las dependencias mencionadas para hacer del encuentro, una reunión de primer nivel.
Los funcionarios que llegaron, no sabían ni a que los habían mandado, denunció, en contra parte por el lado de los llamados antieolicos llegaron a la reunión pactada en la casa de la cultura de este municipio Istmeño, representantes del frente amplio de comunidades indígenas de la región del Istmo en defensa de la tierra y el territorio, de la unión de comunidades indígenas DE LA ZONA NORTE DEL Istmo (UCIZONI), de la asamblea popular de San Dionisio del Mar, así como de la colonia Álvaro Obregón e Unión Hidalgo.
Lo que pedimos es que suspendan las obras que realiza en terrenos de Juchitán la empresa gas Fenosa del parque eólico Bii Hioxo y que se cancelen las órdenes de aprehensión o el sobreseimiento del proceso contra un servidor, dijo el vocero de la APPJ y contra los compañeros Carlos y Mariano Sánchez y la compañera Sara Bartolo entre otros por el enfrentamiento ocurrido contra policías preventivos del estado el pasado 26 de marzo.
El mencionado parque quieren desarrollarlo en 30 mil hectáreas en la parte sur del camino al estero. Si el proyecto nos se para, amenazan los integrantes del APPJ con bloquear el camino a Unión Hidalgo de manera permanente para obligar a parar los trabajos de la empresa Gas Fenosa.
Queremos que los inversionistas sepan que los terrenos son comunales, quienes se dicen pequeños propietarios no lo son, son posesionarios de terrenos comunales y por ello no están facultados para vender a terceros o empresas trasnacionales.
“En una remota mesa de diálogo y arreglo, pediríamos el 50 por ciento de las utilidades del proycto para los posesionarios de las tierras y que la energía eléctrica fuera gratis para todos los habitantes del m8unicipio de Juchitán, pero la franja costera de la zona lagunar no es negociable, eso implica playa Vicente, laguna Chigueze, Chadagui y otras, que son zonas de pesca artesanal para comercio y consumo local.
Pero esta reunión de entrada es un engaño y solo por respeto al padre Solalinde estamos dialogando con funcionarios que no tienen capacidad de decisión.
En la actualidad existen ocho parques eólicos en 23 mil hectáreas de tierras en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se han instalado unos mil 300 aerogeneradores en siete municipios y tres agencias municipales de la zona.
Jesús García Sosa, comunero pescador y representante de la base comunal del municipio de San Dionisio Del Mar ante el tribunal unitario agrario en Tuxtepec Oaxaca, denuncio que el 14 de mayo del 2012, en una mesa de diálogo con integrantes de la asamblea popular de ese lugar, el gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, les dijo que si ellos no estaban de acuerdo con el proyecto eólico de la barra de Santa Teresa que pretende desarrollar ahí la empresa mareña renovables, “les puede pasar lo que les paso a los líderes de San José del Progreso”.
Lo que ocurrió en ese lugar, dijo, fue que asesinaron a balazos al compañero Bernardo Vázquez por oponerse al funcionamiento de una mina en su pueblo natal.
García Sosa con el llanto a punto de brotar de sus ojos y con la voz quebrada dijo que a pesar de su miedo, tiene que salir de su pueblo a la lucha porque tiene hijos que alimentar, “nos han criminalizado, nuestros hijos lloran cuando salimos y a nosotros nos da miedo viajar porque sabemos que al gobierno le ha dolido la forma en que defendemos nuestras tierras”.
Al final de una reunión que se prolongo por más de cinco horas, la única promesa que se logro fue la celebración de una nueva reunión para el próximo martes 13 de agosto a las cinco de la tarde en un punto intermedio que es el municipio de Tehuantepec, se presume la presencia de funcionarios de la secretaría de gobernación, de la comisión reguladora de energía de la misma secretaria y de la semarnap, además de funcionarios del gobierno del estado y del municipio de Juchitán.
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