Oscar Rodríguez
El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Arturo Peimbert, informó que revisara el contenido del informe que emitió la Comisión de la Verdad para presentar una queja ante los Tribunales de Derechos Humanos contra implicados que cometieron delitos de lesa humanidad durante la revuelta social del 2006.
Dijo que se revisara el contenido del informe emitido por el organismo para dar cauce a las recomendaciones y exigir al gobierno de Gabino Cué y a la federación se aplique castigo contra los responsables y autores de las desapariciones, asesinatos y detenciones arbitrarias.
Peimbert confirmo que los delitos por violación a derechos humanos no prescriben e incluso lamento que dentro del equipo de trabajo del gobernador Cué se haya incluido a personas que violentaron derechos humanos, como fue el caso del Fiscal General Joaquín Carrillo.
Con respecto a que si considera parcial el resultado del informe porque no hay ninguna apartado que hable de las agresiones que trastocaron los derechos de terceros, demando que este rubro se agregue en el resolutivo porque hubo muchos sectores agraviados.
Peimbert dejo claro que los hechos ocurridos durante la revuelta social del 2006 no deben jamás repetirse y exigió «un alto a los violadores de derechos humanos en los gobiernos».
Adelanto que lanzara un llamado a los candidatos a contender en la próxima jornada electoral para que no incluyan en sus equipos a funcionarios señalados de agresores contra los derechos humanos.
Menciono que la DDHPO publicar una lista de los funcionarios que han sido sujetos de investigaciones o comprobada su responsabilidad en la comisión de violación a los derechos humanos.
CUE ACATARA RESOLUTIVO DE COMISION DE LA VERDAD
El gobernador de Oaxaca Gabino Cué, dijo que acatara el resolutivo que emitió la Comisión de la Verdad por los hechos ocurridos por la revuelta social del 2006. Y dijo que valora si con los elementos aportados se puede ejercer alguna acción penal contra los implicados, entre ellos su antecesor Ulises Ruiz a quien se señala de haber sido responsable por los asesinatos de 29 activistas, la desaparición de varias decenas de personas, entre ellas los activistas del EPR Edmundo Sánchez Amaya y Gabriel Cruz y haber ordenado la detención arbitraria de cientos de opositores.
Abundo que tendrá que ser la Fiscalía General de Justicia la que de cauce a las investigaciones e inicie los procesos penales contra quien le resulte cita por delitos de lesa humanidad.
“Se va ha hacer una investigación con la información que se entregue por parte de la Comisión de la Verdad, y en caso de que se requiera se va a aplicar la ley en contra de funcionarios que tengan responsabilidad”.
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