Oscar Rodríguez
En Oaxaca un grupo de inversionistas ha anunciado que retirara su inversión de 50 millones de dólares, que implicaría la pérdida de tres mil empleos, aplicada en la construcción del hotel en las playas de Puerto Escondido, tras denunciar una «guerra sucia» por parte de la Procuraduría Federal del Protección al Medio Ambiente (Profepa).
Erick Heras, apoderado legal del grupo empresarial Éxito Resorts, reprobó las prácticas legales que busca valer la Profepa para detener el desarrollo turístico de Oaxaca.
Manifestó que la información difundida en el sentido de demoler el hotel por ser una empresa que no cumple con la norma ambiental, es dolosa.
Señaló que el complejo Vivo Resorts, es un desarrollo que ha generado miles de empleos, que benefician directamente a la sociedad de la Costa de Oaxaca, se han generado más de 3000 empleos directos en la zona, contratamos todos los materiales, mano de obra calificada que existe en Puerto Escondido y principalmente en Bajos de Chila.
El representante legal afirmó se está reservando el derecho para valer una denuncia contra la difusión de la información negra que busca solo perjudicar al único desarrollo privado, que se ha interesado en apoyar el crecimiento de la costa.
Aseguró el proyecto de Éxito Resorts es crecer a una inversión de más de 50 millones de dólares; sin embargo, los inversionistas están reconsiderando ya esta inversión, ante la andanada de ataques infundados por parte de Profepa.
Detallo que efectivamente existen 7 procedimientos administrativos de responsabilidad ambiental, mismos que están ahora bajo la jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el único que quedó firme, fue debidamente cumplimentado y se pagó la multa correspondiente.
Respecto al Permiso de Cambio de Uso de Suelo, debemos señalar que dichos permisos han sido negados tres veces por la SEMARNAT, quienes siempre señalaron que Vivo Resorts está en una zona comunal y que tiene conflictos con la comunidad; cosa que desmentimos categóricamente, pues tenemos una estrecha y cordial relación con Bajos de Chila y el RAN ha manifestado que los bienes comunales de San Pedro Mixtepec, son insubsistentes, por tanto no existe tal impedimento para que nos sea otorgado el permiso solicitado.
Respecto a la demolición de los inmuebles, atajo que este es un procedimiento legal, que debe respetar la garantía de legalidad, audiencia y equidad procesal, para lo cual; se han contestado en tiempo y forma todas las pretensiones de la contraparte y que confiamos en el sistema judicial mexicano, para que se desahogue un juicio justo.
Mientras tanto el delegado de la Profepa Nereo García, aseguró el hotel Vivo Resort e inició una investigación a directivos y administradores por posible comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
Aseguró que derivado de estas omisiones un juez federal ha ordenó la demolición inmediata de las obras construidas sin autorizaciones de ley en un ecosistema de playa en la localidad de Bajos de Chila, perteneciente al municipio de San Pedro Mixtepec.
Además, impuso el pago de una multa equivalente a 48 millones de pesos contra un proyecto de hotel de playa que se construyó sin autorización.
La empresa Éxito Resort fue investigada por la Profepa, el Poder Judicial y la PGR debido a que incumplió con normas oficiales y ocasionó daños al medio ambiente en las costas de Oaxaca; además generó graves desacatos a las medidas de suspensión ordenadas para proteger el entorno.
Al momento de notificar a la empresa sobre el inicio del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental, se detectó que los sellos impuestos por la autoridad habían sido removidos ilegalmente, con el objetivo de continuar las obras, en pleno desacato de los mandamientos de Profepa y PGR.
Por esta razón, la empresa responsable de la obra enfrenta siete procedimientos administrativos sancionatorios de Profepa por violar clausuras impuestas y continuar la construcción.
Lo anterior puede constituir delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, los cuales pueden ameritar una pena de hasta 12 años de prisión en contra de los directivos que ejerzan dominio sobre las actividades ilegales.
Indicó que la Profepa solicitó al juez de la causa establecer la restitución del terreno afectado a su estado original mediante la demolición del complejo residencial hotelero construido ilegalmente.
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