Oscar Rodríguez
Con el propósito de facilitar el curso de la investigaciones que realizan instituciones de origen federal y diversos órganos autónomos, respecto al caso de la mujer de origen mazateca que dio a luz en la patio trasero de una clínica rural del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, del distrito de Tuxtepec, el titular de los Servicios de Salud del estado de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, giró instrucciones para separar temporalmente del cargo al Doctor Carlos Cruz Pérez, jefe de la jurisdicción Sanitaria número 3, así como al director del centro de salud de la mencionada localidad, Adrián René Cruz Cabrera.
En forma provisional, designó al médico cirujano Juan Amado Hernández Zayas y la Doctora Mónica Cecilia Ruíz Barrita, como encargados de los puestos quienes tendrán la responsabilidad de supervisar y operar los servicios médicos que presta esta unidad, además de brindar las facilidades a las comisiones investigadoras enviadas por la Secretaría de Salud Federal, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, La Comisión Estatal de Arbitraje Médico y la Procuraduría General del Estado, instancias que realizan una investigan de oficio, al no haber sido presentada hasta ahora una denuncia formal por la señora Irma López, victima de una presunta negligencia médica.
En tanto Las organizaciones Comité por una Maternidad sin Riesgos y el Comité Promotor por una Maternidad Segura, de Oaxaca y México, condenaron la violación de derechos humanos a los que se vio sometida la mujer indígena Irma Lopez, que concibió a su tercer hijo en condiciones indignantes ante la anuencia de las autoridades de Salud oaxaqueñas.
Durante una conferencia de prensa, pidieron la restitución de daño provocado a través de una indemnización por los Servicios de Salud de Oaxaca; entre ellas, la rehabilitación de la madre y una garantía comprobable que el caso no se vuelva a repetir.
Sostienen que diversos organismos de derechos humanos realizan una indadagatoria para aclarar los hechos y proceder con las responsabilidades y cargos correspondientes con los responsables.
Los representantes de ambas organizaciones demandaron además realizar una evaluación del caso, de manera general y transparente, que presente los servicios otorgados en la sección de maternidad. También pidieron que los resultados de las investigaciones se den a conocer públicamente.
Luego de conocer las exigencia de las organizaciones sociales en su blog personal el secretario de salud de Oaxaca Germán Tenorio Vasconcelos, emitio una disculpa por lo ocurrido a la señora Irma Lopez y a su hijo Sabino, además de su familia y se comprometió a que no se permitirá que lo ocurrido se repita una vez mas.
En tanto la victima denunció que su expediente desapareció de la clínica donde ocurrieron los hechos, para ocultar información.
“Me vinieron a avisar los vocales que los expedientes que tengo en la clínica los quemaron, como Oportunidades les dio apoyo del gobierno, dicen que yo no existo”, se quejo.
Según ella, dicha notificación le llegó en medio de amenazas para que no declare más sobre el caso que causó revuelo en el país, gracias a la difusión en las redes sociales, y que incluso motivo la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, aclaro que pese a las intimidaciones no se callará.
“Yo no me estoy callando, estoy siguiendo con esta lucha, a ver hasta dónde llego. Le diría al gobernador todo como me hicieron”, acusó.
Detallo que “Una enfermera me sacó, me dijo que caminara, me dijo que había mucha gente porque era día de vacunas. Yo me hice a un lado, se reventó la fuente, me fui a un lugar solo y me alivié”.
“Me dijeron que no estaba en parto para que naciera el niño, que esperara hasta las 8 que me atendiera el doctor”.
Aparte de ello, Irma reclama que tuvo que pagar los servicios post parto que le brindaron luego de parir en el patio de la clínica.
En tanto la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTE), eximió de responsabilidades a sus agremiados de lo ocurrido y acusó al gobierno de lo ocurrido.
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