Oscar Rodríguez
Unos 8 mil indígenas integrantes del denominado Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), marcharon y se manifestaron en la Ciudad de Oaxaca para reclamar el esclarecimiento del asesinato de su líder y fundador, Heriberto Pazos, así como del homicidio de otro de sus dirigentes José Merino Fernández quien fuera alcalde en Constancia del Rosario durante el trienio pasado y quien fue hallado sin vida el 17 de enero pasado.
También demanda la aparición con vida de las indígenas Virgina y Daniela Ortiz que continúan en estatus jurídico de desaparecidas desde el año del 2007.
De la misma manera exigen la instalación de una mesa de trabajo con autoridades estatales y federales para obtener recursos para financiar las obras de infraestructura y proyectos productivos en las comunidades.
EL CASO MERINO FERNADEZ
Luego del asesinato del ex alcalde de Constancia del Rosario, José Merino Fernández, las fuerzas estatales de seguridad ha desplegado un operativo en al menos 3 municipios de la zona Mixteca, ante el temor que haya una escalada de violencia en la zona.
El Secretario de Seguridad Pública Alberto Esteva Salinas, informó que se han desplegado partidas policiales a los municipios de Putla de Guerrero, Santiago Juxtlahuaca y Constancia del Rosario, para restablecer el orden y evitar que se cometan nuevos hechos de violencia, luego del asesinato en contra del ex alcalde y líder del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MUT)José Merino Fernández, de 48 años de edad, originario de la comunidad de Santa Cruz Río Venado.
La víctima había sido secuestrado por un grupo armado y había permanecido en calidad de desaparecido desde hace 3 días hasta que su cadáver fue localizado abandonado sobre un camino de terracería cerca del municipio de Putla de Guerrero con rastro de tortura, múltiples impactos de arma de fuego y el tiro de gracia.
Por su parte el MULT, recientemente dividido, advirtió que efectuará movilizaciones para exigir justicia por este asesinato y llamó a “no caer en la provocación y menos en la venganza”.
EL CASO VIRGINIA Y DANIELA
Los familiares y amigos de las indígenas Virgina y Daniela Ortiz recordaron que el 5 de julio del año 2007, las mujeres originarias de El Rastrojo, desaparecieron cuando viajaban a San Marcos Xinicuesta, municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca.
A la fecha no han regresado. La primera tenía 20 años al momento de irse; era maestra de educación primaria bilingüe; Daniela, de 14 años, era solo estudiante.
En tanto el Procurador de Justicia Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, reconoció que ambas indígenas siguen bajo el estatus de desaparecidas o no localizadas y abund+o que continúan las indagatorias.
Dijo que derivado de este plagio hay dos personas bajo proceso penal, uno de ellos ex líder del Movimiento Unidad Popular (MUP) que se niegan a dar información sobre el paradero de las víctimas.
AUTODEFENSAS
SE CREA AUTODEFENSA EN LA ZONA TRIQUI
En tanto la organización denominada Unidad para el Bienestar de la Región Triqui (UBISORT), anunció la creación de dos grupos de autodefensa en las poblaciones de “Unión de los Ángeles” y “Yutazany”, Copala, para enfrentar los índices de alta inseguridad.
El vocero de la organización Fabián Pereda, dejó claro que los grupos de policía comunitaria representan una “forma creativa”, de enfrentar a los grupos de la delincuencia, que cometen secuestros, homicidios, robos en los caminos rurales y actúan en apoyo de los grupos facciosos y caciquiles que buscan el control del territorio.
Aclaró que solo se armaran con lo necesario con palos, bastones de mando y machetes.
La Ubisort demandó al gobierno de Oaxaca la legalización de los nuevos grupos de autodefensa, para que sean reconocidos de forma oficial y sean dotados con el equipo necesario para que realicen patrullaje y labores de vigilancia en sus comunidades.
El pasado 25 de enero del 2012, se había firmado un acuerdo de paz entre las principales organizaciones que se disputan el territorio triqui, después de décadas de disputas violentas, odios ancestrales y guerras fratricidas.
El acuerdo fue signado por 32 de 38 autoridades municipales y comunales de la etnia triqui.
En la zona en los últimos 80 años según datos oficiales se reportaron unos 80 crímenes violentos y se desplazaron a poco mas de mil familias, 30 de ellas originarias de la agencia municipal de San Juan Copala, quienes hoy cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigen su retorno a su pueblo natal por encima de condicionamientos de la autoridad estatal y municipal.
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