Óscar Rodríguez
En Oaxaca fue consignado el primer caso de ejecución extrajudicial de México -cometida durante la revuelta social del 2006 en el municipio de San Antonino Castillo Velasco-.
La decisión judicial se logró luego de las pruebas que aportó al expediente la Comisión de la Verdad, dio a conocer el presidente del organismo Alejandro Solalinde.
De acuerdo a la investigación realizada que data de 84 pruebas periciales, el policía comunitario y activistas de la desaparecida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) Arcadio Hernández Santiago, fue victimado el 2 de octubre de 2006 en San Antonino Castillo Velasco por una orden de la autoridad municipal de dicho poblado quien ya se encuentra bajo proceso.
La victima fue atacada por un grupo de encapuchados cuando realizaba rondines de vigilancia sin armas de fuego.
Los responsables luego de ser identificados aceptaron ante la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca que el crimen lo cometieron por órdenes de su autoridad superior.
Solalinde dijo que la ejecución extrajudicial es un delito constituye una violación grave a los derechos humanos.
Indicó que a la par de esta ejecución extrajudicial, en el municipio de San Antonino Castillo Velasco se cometieron múltiples y graves violaciones a los derechos humanos en el periodo 2006 y 2007, donde se presume que estas acciones, además de realizarse con total impunidad, contaron con la colaboración de autoridades estatales.
Agregó que el crimen se perpetra en el contexto del conflicto municipal, donde ciudadanos inconformes desconocieron a su autoridad e integraron un Ayuntamiento Popular.
Informó que la consignación del caso fue presentada el día de hoy ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, y pretende ser un primer paso en la aplicación de justicia sobre los casos de 2006 y 2007.
El sacerdote hizo un llamado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia Alfredo Lagunas para que actué con estricto apego a la legalidad y basado en principios de justicia transicional para que se ordene la aprehensión de estas ex autoridades y se juzgue conforme a derecho.
Y exigió al Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Arturo Peimbert para que emita medidas cautelares que garanticen la seguridad e integridad de familiares, testigos y todos los involucrados en el caso.
Solalinde dio a conocer que es la primera vez en México hay una consignación de una ejecución extrajudicial, basada en estándares internacionales.
JUSTICIA POR CASO IGUALA
El padre Alejandro Solalinde, dio a conocer que la actuación a pegado a la ley para castigar el primer caso de ejecución extrajudicial en México y en Oaxaca puede ser un gran precedente para llevar justicia al caso Ayotzinapa.
“Este hecho de justicia en Oaxaca es el inicio de una aplicación de la justicia que rompa el pacto de impunidad prevaleciente.
Frente a las grandes exigencias y demandas nacionales e internacionales -por poner ejemplos recientes los casos de Ayotzinapa y Guatemala- la acción coordinada de las autoridades y la aplicación de criterios de justicia transicional, no repetición y derecho a la verdad pueden hacer que se rompa la continuidad en la impunidad, la complicidad entre autoridades y la corrupción que permea en nuestro aparato de procuración de justicia”, afirmó.
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