Santo Domingo Tehuantepec, Oax., 18 de julio de 2026.- A más de un año y medio de haber asumido la presidencia municipal de Santo Domingo Tehuantepec, la administración de la morenista Ana Cecilia Pérez Velázquez enfrenta una creciente crisis de legitimidad, marcada por el descontento ciudadano debido a presuntos actos de opacidad, falta de obra pública y deficiencias en la prestación de servicios básicos.
De acuerdo con denuncias de habitantes del municipio y documentos internos filtrados del Ayuntamiento, la gestión de Pérez Velázquez habría replicado el modelo de gobierno atribuido a su antecesora y mentora política, Vilma Martínez Cortés, quien gobernó Tehuantepec durante dos periodos consecutivos y posteriormente asumió la titularidad de la Secretaría de Bienestar de Oaxaca.
Uno de los principales señalamientos se centró en el presupuesto destinado al rubro de Servicios Personales y viáticos de la oficina de la Presidencia Municipal, el cual ascendió a más de 114 millones de pesos anuales. Según las acusaciones, dicho monto representó un gasto aproximado de 300 mil pesos diarios, presuntamente ejercidos sin mecanismos claros de comprobación ni rendición de cuentas.
Mientras esos recursos fueron destinados al gasto corriente, ciudadanos denunciaron que diversas colonias, barrios y agencias municipales continuaron enfrentando rezagos históricos en infraestructura y servicios básicos.
Entre las principales demandas destacaron la crisis por el desabasto de agua potable que afecta a comunidades como Santa Clara, Aguascalientes, Zanjón y Bamba, cuyos habitantes dependen del suministro mediante pipas de 10 mil litros enviadas desde la cabecera municipal. También señalaron el abandono de comunidades indígenas pertenecientes a la siera mixe zapoteca, como Nativitas Coatlán, San José El Paraíso e Isabel de la Reforma, donde, afirmaron, persistió la falta de inversión pública.
Las críticas también alcanzaron el funcionamiento interno del Ayuntamiento. La regidora de Desarrollo Económico, Remedios Molina Cisneros, denunció públicamente que la presidenta municipal se negó de manera sistemática a convocar sesiones de Cabildo, situación que, sostuvo, impidió el análisis y la fiscalización del ejercicio del presupuesto municipal.
Regidores y diversos sectores sociales exigieron conocer el destino del recurso asignado en 2025 y de los 292 millones 548 mil pesos asignados al municipio durante el ejercicio fiscal 2026, al considerar insuficiente la información pública sobre la aplicación de esos recursos.
Asimismo, voces ciudadanas sostuvieron que la administración municipal operó bajo la influencia política de Vilma Martínez Cortés, a quien responsabilizaron, junto con Pérez Velázquez, de dar continuidad a un modelo de gobierno caracterizado por la concentración del poder, la falta de transparencia y el escaso impulso a la infraestructura básica.
A las críticas por el manejo financiero se sumaron los reclamos por el incremento en los índices delictivos. El caso mas reciente fue el atentado de la agente municipal de las Salinas del Marqués Karina Mabel Ureña, lo que generó la movilización y operativos conjunto con instituciones de seguridad estatal y federal, pues la percepción de seguridad de la población vive con miedo.
Ante ese panorama, ciudadanos y organizaciones han exigido el inicio inmediato de las obras públicas comprometidas durante la campaña, la intervención de los órganos estatales y federales de fiscalización para auditar el ejercicio de los recursos públicos, así como la reanudación de sesiones de Cabildo abiertas que permitieran transparentar el estado financiero del Ayuntamiento.
Las críticas se intensificaron durante las actividades de la Guelaguetza, luego de que ciudadanos señalaran que la presidenta municipal concentró esfuerzos en participar en convites y actos protocolarios mientras persistían problemas relacionados con el abastecimiento de agua, la seguridad pública y la falta de obra social.
Para los inconformes, la riqueza cultural de Tehuantepec y de Oaxaca no debía utilizarse como un recurso para proyectar una imagen de normalidad, sino que debía acompañarse de resultados concretos en materia de infraestructura, transparencia y atención a las necesidades de la población.
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